El progreso de la enseñanza aragonesa desde 1982 está marcado por logros que han permitido implantar mejoras clave, como los proyectos de innovación, los colegios rurales agrupados (CRA), las TIC, el bilingüismo, la atención a la diversidad y distintos servicios.

En el año 1982, Aragón contaba con 223.047 alumnos matriculados en el régimen educativo general y con 18.625 en titulaciones de Formación Profesional (FP). Estos estudiantes cursaban la EGB, que entonces se prolongaba hasta los 13 y 14 años y en la que había clases de hasta 30 alumnos. Una cifra que alcanzaba los 40 en los ya extintos BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y COU (Curso de Orientación Universitaria).

Números alejados de las actuales ratios en el territorio, de las más bajas del país en primaria; pese a que todavía hay clases con 25 escolares en algún barrio zaragozano. En lo que se refleja aún más claramente la evolución que ha vivido la educación aragonesa en estos 40 años es en cuestiones como la mayor cantidad de recursos de la que se dispone y que ha permitido implantar mejoras clave, como proyectos de innovación, los colegios rurales agrupados (CRA), las TIC, el bilingüismo, la atención a la diversidad y distintos servicios.

Aunque la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón se produjo en 1982, no sería hasta 1999 cuando la Comunidad estrenó sus propias competencias en la materia, contando con 71.245 millones de pesetas, una cuantía que en la época se criticó por escasa. Ese año, no obstante, marcaría un punto de inflexión en la vida educativa aragonesa, pues desde entonces, las decisiones sobre gestión y planificación se tomarían en el territorio y no en Madrid, lo que según numerosos profesionales del sector era fundamental para mejorar la calidad del sistema.

El ámbito rural fue sin duda uno de los rasgos diferenciales del modelo aragonés. Aunque con el nuevo siglo se profundizó en su mejora, en los años ochenta ya se habían creado los CRA, con aulas con escolares de diferentes cursos de primaria repartidas por diversos municipios, los cuales fueron fundamentales para garantizar el derecho a la educación en numerosas zonas.

Ruralidad y dispersión geográfica

«La aprobación del Estatuto supuso la equiparación de los derechos de nuestra Comunidad con los del resto, y las transferencias en materia educativa significaron la descentralización de la organización de nuestro sistema, aproximándolo a las necesidades reales del territorio, que tiene peculiaridades como la ruralidad y la dispersión geográfica», explica Miguel Ángel Sanz, responsable de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar).

En el camino seguido estas décadas sobresalen elementos como las ocho leyes educativas nacionales, la creación de los equipos de orientación escolar o la pandemia, que transformó radicalmente el día a día en los centros. «Hemos vivido dos años y medio extraordinariamente difíciles, y si algo hemos puesto en valor es la importancia de la escuela, la necesidad de la presencialidad en los centros y del contacto físico y las relaciones interpersonales. Por ello, iniciar este curso desde la normalidad es la mejor noticia que podíamos desear», indica Sanz. «Por un lado, porque supone haber superado la parte más difícil de la pandemia –aunque debemos seguir siendo responsables– y, por otro, por la recuperación de las actividades y la organización de la vida curricular y extracurricular. Las familias debemos volver a los centros, somos parte importante de la comunidad educativa y debemos recuperar ese espacio del que hemos estado ausentes», añade.

Por último, un pacto educativo nacional –los ha habido en varias autonomías, como Aragón– que dé estabilidad es uno de los principales retos futuros que se marcan los profesionales del sector. Y, en la Comunidad, el responsable de Fapar insiste en los aspectos relativos a la ruralidad y la dispersión. «Se está haciendo un trabajo muy importante desde la administración para garantizar la escuela en todos los rincones de nuestra geografía, pero eso requiere esfuerzos económicos importantes que deben ser atendidos equilibrando la financiación autonómica. Además, como representantes de las familias, no podemos dejar de señalar la necesidad de avanzar en su participación en el sistema educativo en un plano equilibrado y de igualdad, comprometida con la mejora de la formación de nuestros hijos e hijas», concluye.

FUENTE: HERALDO

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