El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Observatorio de la Escuela Rural de Aragón, un punto de encuentro que velará por la calidad y la mejora de la educación en la Comunidad. El decreto se publicará ahora en el Boletín Oficial de Aragón y, posteriormente, comenzarán las reuniones de trabajo.

Este organismo da voz a los diferentes sectores sociales, económicos y culturales de los municipios aragoneses y cumple con el requerimiento del Pacto Social por la Educación, firmado por el Consejo Escolar de Aragón, y que incluye entre uno de sus puntos la implantación de este Observatorio. Entre sus funciones, este organismo tiene la encomienda de potenciar la investigación, documentación, elaboración y producción de materiales didácticos o adaptación de los existentes, así como la recogida y difusión de buenas prácticas y su constitución como punto de encuentro e intercambio de experiencias.

Asimismo, se propone la promoción de encuentros anuales entre los profesionales del medio que favorezca la puesta en conocimiento de trabajos y experiencias que puedan derivar en mejoras y en un trabajo en red de las diferentes instituciones y entidades que velan por la educación aragonesa.

Este Observatorio se compone de maestros y maestras, profesorado universitario a través de grupos de trabajo específicos sobre la Escuela Rural en Aragón, familias, municipios y comarcas, así como el Departamento de Educación y otras Consejerías que desarrollan acciones específicas en las pequeñas poblaciones.

El Departamento considera necesario el impulso de este organismo, dado que el trabajo en la escuela rural muestra unas características propias, sobre todo en lo que supone la atención a un alumnado de edades, intereses y necesidades diversas en una misma aula. La escuela rural en Aragón es la red más extensa en número de centros, llega a todos los puntos y es el principal garante de la vertebración del territorio, ya que el mantenimiento de colegios supone la principal arma en la lucha contra la despoblación. El Gobierno de Aragón lo sabe bien y, por este motivo, en esta legislatura, ha conseguido salvar del cierre un total de 62 aulas con entre 3 y 6 alumnos, así como volver a reabrir centros que llevaban años cerrados, como es el caso de Allepuz o Nueno. En la Comunidad, más del 95% de las localidades tienen menos de 5.000 habitantes, allí están la mitad de los centros educativos y en ellos estudian el 17% del alumnado. El Ejecutivo dedica a ese 17% de escolares un 31% de la inversión corriente en Educación. Además, se destinan más de 16 millones de euros para transporte escolar, un servicio que facilita la igualdad de oportunidades allí donde los alumnos no tienen colegio.

En esta línea, el Gobierno de Aragón financia el profesorado de 193 centros infantiles, donde inician la etapa escolar niños de entre 0 y 3 años, en 150 municipios distintos, con una inversión este año de 13,6 millones de euros, que ha permitido reabrir aulas este año en tres poblaciones: Sodeto y Villanueva de Sijena en la comarca del Maestrazgo, así como Valdetormo en la del Matarraña. En el presente curso, estos datos suponen incrementar el número de aulas en 46 respecto al año pasado (hasta las 567 actuales), además de la financiación, que pasa de 9 millones a 13,6 para permitir que estos convenios se celebren por curso y no por año natural, como se hacía hasta ahora.

También se han mejorado las ratios mínimas para proceder al desdoble de grupos. En la legislatura anterior, las escuelas rurales con entre 11 y 13 alumnos tenían una sola aula y un docente y medio asignados, mientras que el actual Gobierno ha aprobado dos unidades y dos maestros a partir de los diez alumnos. Por otra parte, en la actualidad se considera centro completo aquel con 140 alumnos (en algunos casos, según sus características y distribución, con alguno menos), mientras que en el pasado no se acreditaba a un centro como completo mientras no tuviera al menos 159 estudiantes matriculados.

Educación ha implantado otras medidas de mejora, por ejemplo, en lo que se refiere a escuelas de adultos o en la implantación de programas de bilingüismo en el medio rural. De hecho, el nuevo modelo de bilingüismo que ha establecido el Gobierno de Aragón ha dado sus primeros pasos este curso en un total de ocho centros, tres de ellos fuera de las capitales de provincia (Ferrer y Recaj en Ejea de los Caballeros, Nuestra Señora del Pilar en Monreal del Campo y Violada-Monegros en Tardienta).

Por otra parte, el Departamento recuperó la gratuidad de las jornadas llevadas a cabo por los Centros Rurales de Innovación Educativa, al contemplarse como una actividad intrínseca de la escuela rural, y puso en marcha Centros de Formación del Profesorado en Ejea de los Caballeros, Alcorisa y Sabiñánigo para que los docentes puedan actualizar sus experiencias y como un foro de intercambio.

Mejora de la financiación autonómica

En su trabajo por la escuela rural, Aragón organizó recientemente un encuentro de consejeros de Educación de la Comunidad, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia para reclamar que el esfuerzo inversor que supone esta red tenga su reflejo en la financiación autonómica. Este encuentro surgió como una sectorial específica tras la reunión de los presidentes de las comunidades afectadas por la despoblación y dispersión del territorio que tuvo lugar el pasado mes de febrero. A esta estrategia se ha sumado también La Rioja.

Las comunidades autónomas participantes recordaron que el modelo de financiación autonómica debe garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. Para ello, la financiación debe partir de las necesidades reales y el coste efectivo de los servicios allí donde se prestan y que debe tener en cuenta variables como la orografía, la baja densidad demográfica, el envejecimiento de la población y otros muchos. La evaluación de los costes efectivos debe hacerse, fundamentalmente sobre la Educación, los servicios sociales y la Sanidad.